VENEZUELA IMPROVISA y EL IMPERIO EJECUTA?

Petróleos de Venezuela, S.A. fue, durante décadas, el principal motor económico del país. Sin embargo, pretender que hoy pueda liderar por sí sola la reactivación económica venezolana resulta jurídica y económicamente inviable. 

La caída de su producción desde aproximadamente 3,8 millones de barriles diarios a niveles que apenas rondan los 800 mil barriles diarios no es un accidente técnico, sino la consecuencia directa de decisiones institucionales, políticas y legales acumuladas.

El factor humano constituye una pérdida difícilmente reversible. El éxodo de ingenieros, geólogos, abogados petroleros, economistas energéticos y técnicos especializados no fue coyuntural. Estos profesionales hoy están integrados y estabilizados en otras jurisdicciones, con marcos legales previsibles, contratos ejecutables y protección patrimonial. 

Pensar en un retorno masivo sin garantías reales es desconocer la racionalidad económica básica.

El obstáculo central sigue siendo la inseguridad jurídica. El problema estructural no es la falta de petróleo, sino la ausencia de un marco jurídico fiable. 

La concentración de poderes, la inexistencia de contrapesos institucionales y el precedente aún latente de la consigna “exprópiese” continúan operando como un disuasivo absoluto para la inversión. Sin Estado de Derecho no hay capital, y sin capital no hay producción.

La reapertura petrolera anunciada para 2026 corre el riesgo de convertirse en un ejercicio retórico. Cualquier reapertura que no modifique sustancialmente las reglas del juego será meramente declarativa. 

La industria petrolera es intensiva en capital, tecnología y confianza. Ninguna de estas variables se activa por decreto.

Para iniciar una recuperación real se requieren acciones concretas: 

Primero, la aprobación de un nuevo marco legal petrolero mediante una Ley Orgánica de Hidrocarburos que garantice estabilidad jurídica, prohíba expresamente las expropiaciones sin indemnización previa y efectiva, y consagre el arbitraje internacional obligatorio. 

Segundo, la separación efectiva entre el Estado y el operador, donde el Estado regule y fiscalice, pero no monopolice la operación, permitiendo que PDVSA se transforme en una empresa técnica o coexista con operadores privados bajo esquemas competitivos.

Tercero, la adopción de estándares de gobernanza corporativa internacional, con directorios independientes, auditorías externas, estados financieros públicos y prácticas alineadas con los estándares OCDE. 

Cuarto, una política de repatriación técnica selectiva, no forzada ni ideologizada, basada en contratos por proyecto, esquemas temporales, expertos itinerantes y transferencia de conocimiento verificable.

Quinto, la implementación de contratos modernos y financiables, como licencias y asociaciones con control operativo claro, que permitan estructurar financiamiento de proyectos y ofrecer garantías reales sobre flujos futuros. 

Sexto, la priorización de campos maduros mediante estrategias de recuperación acelerada, mantenimiento crítico, técnicas de recuperación mejorada y optimización logística antes de emprender proyectos de mayor riesgo. 

Séptimo, la creación de un regulador energético independiente y eficaz, con autonomía real, plazos perentorios, permisos claros y seguridad administrativa.

En conclusión, Venezuela no necesita discursos politiqueros, necesita reglas. 

Sin seguridad jurídica, sin respeto a la propiedad y sin instituciones confiables, PDVSA no puede ni podrá ser el motor de la recuperación económica. 

El petróleo sigue allí; lo que falta es el Estado de Derecho que permita convertirlo nuevamente en desarrollo.

Dr. Wilmer Estupiñán
Abogado venezolano. 
Consultor internacional en petróleo, gas, energía, contratos y arbitraje.

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