WIN to WIN?
Hoy por hoy, la construcción de verdaderas alianzas “win to win”, entre el Estado venezolano y los terceros operadores sigue siendo una tarea cuesta arriba. No por falta de recursos, talento o experiencia técnica, sino por un diseño jurídico-laboral profundamente desequilibrado.
Desde la óptica de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente y la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana, el problema no es ideológico en abstracto, sino económico y jurídico: Venezuela opera bajo un modelo estatista de inspiración socialista, mientras que el negocio petrolero internacional se rige por reglas capitalistas, contractuales y de riesgo controlado. La colisión entre ambos modelos es frontal.
Todavía están frescos en la memoria los famosos reposeros, que al mudarse a otros países enfrentan la dura realidad corporativa: solo se pagan horas trabajadas.
En el sistema norteamericano, las huelgas no se manejan desde la ideología, sino desde un marco jurídico técnico, previsible y altamente regulado, cuyo eje central es proteger el interés público sin anular el derecho laboral. El principio rector es el equilibrio entre continuidad del servicio, seguridad pública y negociación colectiva.
En el sistema estadounidense, los empleados públicos federales NO tienen derecho a huelga.
La prohibición es expresa cuando la función está vinculada a seguridad, orden público o continuidad del Estado.
Tal vez sea esta una de las “estrategias” por medio de la cual el Estado Venezolano evita contratar de forma directa y traspasa al “outsourcing” todas estas “aristas” ?
Tras la nacionalización petrolera de 1976, las antiguas concesionarias extranjeras dejaron de operar como tales; los campos pasaron a PDVSA o a filiales estatales, y cualquier conflicto laboral fue absorbido por la estatal o reinterpretado como conflicto laboral de trabajadores de PDVSA u obreros vinculados a ella.
HOY X HOY: la carga social NO la asume el Estado Venezolano. La asumen las empresas —nacionales o extranjeras— que decidan insertarse en la actividad petrolera, incluyendo contratistas y subcontratistas, aun cuando el beneficiario final sea el Estado.
La socialización forzada de los costos laborales:
El Estado Venezolano ha optado por externalizar la carga social. Beneficios laborales extensivos —vacaciones pagadas, bonos recurrentes, reposos médicos, estabilidad reforzada, indemnizaciones y prestaciones ampliadas— no son asumidos fiscalmente por el Estado, sino trasladados al contratista, bajo la figura del outsourcing.
Así, el tercero operador se convierte en pagador de una política social que no diseñó, pero de la cual termina siendo responsable ante inspectorías, tribunales y autoridades administrativas. El outsourcing deja de ser una herramienta de eficiencia y pasa a ser un mecanismo de transferencia de pasivos laborales.
La ruptura de la lógica económica del contrato:
En el mercado internacional de servicios petroleros, la ecuación es clara: riesgo controlable, costos previsibles y retorno proporcional. En Venezuela, esa ecuación se rompe. El contratista debe calcular no solo el costo operativo y técnico, sino:
- Contingencias laborales imprevisibles.
- Cambios de criterio administrativo.
- Imposibilidad práctica de trasladar esos costos al precio del servicio.
- Inseguridad jurídica estructural.
Cuando los riesgos no pueden ser mitigados contractualmente, el negocio deja de ser bancable, independientemente de la calidad del yacimiento o de la urgencia operativa del Estado.
El factor sindical: riesgo alto, control nulo:
A esta carga se suma un elemento crítico: el riesgo sindical. En el sector hidrocarburos venezolano, los sindicatos poseen un poder de presión desproporcionado, que frecuentemente se ejerce contra el contratista y no contra el beneficiario final de la actividad.
Las huelgas, paralizaciones y conflictos colectivos, muchas veces de hecho y con fuerte contenido político, generan:
- Interrupciones operativas graves.
- Incumplimientos contractuales imputados al tercero.
- Pérdidas económicas no cubiertas.
- Ausencia de reconocimiento efectivo de la fuerza mayor.
El Estado, en la práctica, no asume el impacto económico de estas paralizaciones ni garantiza continuidad operativa. El contratista queda solo, negociando, pagando o litigando, mientras el proyecto se detiene.
Outsourcing como escudo del Estado:
Este diseño convierte al outsourcing en un escudo operativo del Estado: evita nómina directa, reduce exposición política y mantiene la actividad en marcha. Pero para el tercero operador, el esquema representa una zona de alto riesgo jurídico-financiero, donde se concentran pasivos laborales, sindicales y reputacionales.
Desde una perspectiva internacional, ello incrementa el riesgo país, imposibilita la modelación financiera seria y ahuyenta capital, tecnología y know-how. No por falta de interés, sino por falta de equilibrio.
SIN EQUILIBRIO NO HAY ALIANZA!!!
Mientras el Estado venezolano no internalice su política social vía el sistema fiscal y continúe pretendiendo imponerla al outsourcing, no habrá alineación con los estándares internacionales del negocio petrolero. La combinación de sobrecarga social, inestabilidad sindical y ausencia de seguridad jurídica hace inviable la noción de alianza estratégica.
El tercero operador —nacional o extranjero— está jurídicamente obligado a evaluar si el contrato compensa y cubre esos riesgos. Cuando no lo hace, la conclusión es técnica, no política: no entrar es la única decisión racional.
(reuters news)
En síntesis, sin reglas claras, neutralidad sindical y equilibrio económico, no existe un verdadero “win to win”, sino una transferencia de riesgos que termina paralizando a la industria que se dice querer recuperar.
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